«El Estado garantizará el ejercicio del derecho universal a la libertad de desplazamiento a todas las personas dentro del territorio nacional, priorizando las formas más vulnerables y sustentables, entendidas éstas como los modos de movilidad de cero emisión a energía humana, la caminata, la bicicleta y otros ciclos, en conjunto con el transporte público de diseño universal y de bajas emisiones. Será función y obligación del Estado su protección, fomento y promoción, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas o de bases».